2017-02-18 Licencia de Creative Commons. Cortesía de Fibonacci Blue

Hay casi 11 millones de inmigrantes no documentados en los Estados Unidos. No tienen derechos políticos o sociales y cada día están en peligro de expulsión. Esto demuestra el carácter incompleto de la igualdad burguesa, insulta la dignidad humana, y obstruye  al proyecto político de liberación proletaria. Los socialistas siempre han peleado por los inmigrantes, aunque en años recientes no nos hemos distinguido suficientemente de los liberales y progresistas.

La tendencia abolicionista tan preeminente en el movimiento por los derechos de inmigrantes al principio de la Administracion Trump ha sido pervertida a un programa de justicia que parece ser aprobado por una comisión Blue Ribbon, hasta con la oficina de Alexandria Ocasio-Cortez usando las ganancias de la venta de camisetas “Abolish ICE” para “concientizar” sobre una resolución congressional que propone algunas sensibles reformas pro-inmigrante que no tienen nada que ver con la eliminación de ICE. A pesar de un compromiso nominal para crear poder entre inmigrantes, y la meta explícita de ganar ciudadanía para los 11 millones no documentados, esta nueva estrategia realmente empuja a los políticos, a priorizar la legalización de ciertos grupos suficientemente valiosos.

En contraste, la Resolución #19 de Class Unity “Amnistía Universal, Internacionalismo Socialista, y el Derecho a Quedarse en Casa” está basado en el universalismo radical que busca crear fuerza y solidaridad a través de organizando inmigrantes en sus capacidades como obreros, inquilinos, y comunitarios; y por unificarnos alrededor de la demanda por la amnistía universal.

¿Por qué la Amnistía Universal?

Amnistía inmediata y sin condiciones para todos los inmigrantes no documentados tiene una larga historia en el movimiento por los derechos de inmigrantes, remontando a los 70s. Más recientemente, fue el centro de las protestas masivas pro-inmigrante de 2006 y la demanda clave de los organizadores de la huelga y boicot de Mayo 1 (del mismo año). Políticos Demócratas, ONGs liberales, y los líderes de ciertos sectores unionistas no apoyaron el boicot y organizaron otras marchas para un “camino a la ciudadanía”.  

La diferencia entre amnistía y “un camino a ciudadanía” no es semántica: la amnistía implica cero multas, una tarifa mínima, y un periodo transitivo muy corto (si hay uno para empezar). Hay precedente histórico para esto. Aunque no fue verdaderamente universal, el programa de legalización incluido en el Acto de Reforma y Control Migratoria de 1986 (IRCA) dejó que casi 3 millones de inmigrantes no documentados ganaran ciudadanía después de un año transitivo, una política usualmente llamada amnistía. “Un camino a la ciudadanía”, como el plan considerado bajo la Administración Obama, pudiera tener criteria restrictiva, miles de dólares en multas y tarifas, y décadas de limbo legal durante la cual inmigrantes tendrán que aceptar requisitos estrictos para trabajar–siguiendo siendo super-explotable y en peligro de expulsión. Es “predominantemente neoliberal y punitivo en su carácter”. 

Claro, la política de reforma migratoria ha cambiado bastante en años recientes–incluyendo en los meses desde que escribimos nuestra resolución. Hasta las ONGs más moderadas parecen menos listas a intercambiar más militarización de frontera y fondos a ICE por legalización, y hablan de la importancia de dar ciudadanía a los 11 millones. El procedimiento regularizador contenido en el Acto de Ciudadanía Americana de 2021 tal vez no cuente como amnistía pero es más generoso comparado a propuestas del pasado. Estas son novedades importantes.

Al mismo tiempo, un diseño para justicia migratoria compuesta por activistas de varios ONGs propone la “modernización” de “varias oportunidades” para ganar la ciudadanía a todos los 11 millones no documentados y refiere a los que tienen DACA, TPS, y DED como categorías diferentes. La plataforma migratoria de Bernie 2020 reflejaba esta estrategia, reclamando a la vez un “camino rápido y justo a la ciudadanía” para los 11 millones mientras y un camino “acelerado” para los jóvenes. La reinstalación de DACA–una medida constantemente bajo ataque e imposible de hacer permanente–era una de sus demandas principales.

Como socialistas luchando por programas universales como Medicare para Todos y Cuidado Infantil Universal, necesitamos preguntarnos por qué un camino acelerado es necesario–y mucho menos el fortalecimiento de un programa que nada más ayuda 7% de la población no documentada–si existiría un camino a la ciudadanía que es realmente rápido y justo. Uno de los mejores argumentos por programas universales es que crean solidaridad y poder entre la población más grande, haciendo muy difícil que la clase gobernante divida a los obreros en la base de beneficios. Hemos visto el resentimiento–hasta dentro de las familias–que crece cuando unas personas reciben programas o estatus especial. Peleando por medidas que privilegian un grupo simultáneamente lastiman el caso para los millones que no beneficien–no importa el compromiso a ayudar los 11 millones no documentados.

Para aclarar, no estamos diciendo que uno nunca debería aceptar concesiones parciales del estado como un camino verdadero a la ciudadanía para los Dreamers, los que tienen TPS y DED, los obreros agrícolas, y otros obreros esenciales. Nosotros estamos en contra de la noción que deberíamos parar nuestras demandas ahí, ya que es una traición a metas socialistas y dejará millones en precariedad, negados derechos básicos contra sus jefes y dueños.

Solidaridad y la Regulación de Labor Migratorio

Décadas de globalización capitalista, tratados de comercio neoliberales, y políticas salvajes de los EE UU contra Latinoamérica, en particular, son en gran parte responsables por la ola de migración reciente a los EE UU. Mientras tanto, la destrucción de lo que ya era un sistema de asilo cruel se ha dado al tratamiento brutal de la “población excedente” producidas por el sistema capitalista. Estamos absolutamente en contra.

Han habido tiempos cuando los unionistas han sido muy restrictivos hacia la immigracion, particularmente durante el principio del siglo XX. Entendemos que esto es el resultado de esfuerzos capitalistas para usar a migrantes como rompehuelgas y dividir a los obreros con mano de obra barata e ideología racista. Explicaciones idealistas denunciando la xenofobia o nativismo en los sindicatos nada más ayuda a la facción liberal de la clase dirigente que ama verse “woke” y tachar de racista irremediable a la clase obrera (compuesta implícitamente de puros blancos).

Pero la fórmula simplista que iguala restricción migratoria con poder obrero no sirve–especialmente en una economía globalizada en que el capital puede siempre moverse a lugares con obreros más baratos. Muchos sindicatos izquierdistas, como los Obreros Industriales del Mundo (IWW), opusieron alianzas con nativistas y fueron reprimidos (y hasta asesinados) por el gobierno y los ejércitos privados de los capitalistas por defender el internacionalismo proletariado. Otros sindicatos cambiaron su posición con el tiempo. A consecuencia de la crítica de grupos como el Centro de Acción Social Autónoma-Hermandad General de Trabajadores, César Chávez y los Obreros Agrarios Unidos (UFW) eventualmente tomaron la posición que luchar por amnistía y derechos completos de negociación para los no documentados era una mejor estrategia que pujar por más regulación en la frontera. El AFL-CIO tomó una posición similar al turno del siglo y formalmente retiró soporte por sanciones criminales para empleadores que utilizan obreros no documentados conscientemente a deber que los agujeros en la ley le daban a los capitalistas más poder a intimidar a los obreros y parar su organización.

Otros han tomado un camino diferente. Por ejemplo, Angela Nagle propone la implementación mandatoria de E-Verify a nivel nacional para que las sanciones sean más efectivas. No está incorrecto decir que las sanciones pudieran funcionar de manera diferente en el futuro. Aunque a veces ICE parece simplemente una arma para que los jefes intimiden a los obreros sin documentos, la agencia también ha aumentado su examinación de empleadores y el nivel de multas dadas por utilizar obreros no legales. Esto causa problemas para empresas que no quisieran nada más que explotar a sus obreros no documentados, y las ha hecho más ansiosas sobre su dependencia en ellos.

Lo que falta del análisis de Nagle es cómo E-Verify pudiera ayudar esfuerzos para crear una nueva base de obreros no ciudadanos. Ella dice que grupos corporativos–y agricultaristas grandes en particular–han “saboteado” este programa por años, y nos acuerda de la rechaza de la Western Growers Association (WGA) y el California Farm Bureau (CFB) de un acto de 2018 que hubiera hecho E-Verify mandatorio hasta con “concesiones proempresa”. Pero si WGA está tan feliz por la destrucción de E-Verify, por qué el conjunto de empresa soporta el Farm Workforce Modernization Act que, como el acto de “reforma migratoria comprehensiva” de 2013 que ayudó escribir, hace una versión de E-Verify mandatorio por obreros agrarios?

La razón es que la ley corriente “simplifica el programa de obreros agrarios huéspedes para procurar una fuente de labor predecible, flexible, y accesible”, e incluye un programa legislativo para muchos obreros agrarios no documentados. El acto de 2018, en contraste, hace E-Verify mandatario mientras no “asegurando un flujo apropiado de obreros huéspedes” o ningún tipo de estatus legal para obreros sin documentos. Es decir, los capitalistas pueden eliminar su dependencia en obreros no documentados mientras puedan usar “mano de obra barata”, sea por obreros huéspedes o inmigrantes en “camino a ciudadanía”.

Nagle dice que es casi imposible que sindicatos se organizan “si todos los empleados pueden ser fácilmente y baratamente reemplazados”, pero luego procede a soportar una política que está opuesta por sindicatos y casi siempre se junta con el esfuerzo empresario a tener una fuente de obreros cautivos y baratos que dependen en ellos por su alojamiento y sus papeles, como se ha visto con el sistema super-explotativo H2-A de trabajo temporario. Ella caracteriza a los no documentados como incapaces de organizarse, pero no toma posición sobre la amnistía para los 11 millones que están aquí, mientras concede que izquierdistas deberían “con vigor defender inmigrantes contra tratamiento inhumano”.

Rechazamos la noción que “izquierdistas” y “migrantes” son categorías exclusivas, y estamos preocupados que esta imagen ha llegado a dominar el pensamiento del IRM también.

ONGs y Derechos de Migrantes 

El movimiento por los derechos de los inmigrantes (MDI) ha sido dependiente de fondos de fundaciones desde los 80s. De un lado, las ONGs han ayudado en alcanzar ganancias materiales, sea ganando pago retroactivo, promoviendo mejor enforzamiento de leyes laborales a nivel local, eliminando los peores excesos de ataques nacionales contra inmigrantes, proveyendo servicios importantes en crisis, y hasta un poco de educación política y concientización. No atacamos ni las ONGs individuales ni a las personas que trabajan para ellas. De hecho, tenemos más de una década de experiencia trabajando con ONGs migratorias de muchos sabores políticos. 

Del otro lado, la dominancia del ONGismo en el MDI sirve como una defensa contra la promoción de políticas radicales y un horizonte socialista. Es juvenil creer que aceptar millones de dólares de fundaciones con sus propios objetivos estratégicos no tendrá impacto en la trayectoria de una organización, independientemente del origen de sus líderes. No significa esto que la DSA no debería colaborar con ONGs, pero que deberíamos ser cautelosos cuando hacemos alianzas, y hacerlas nada más cuando es tácticamente y estratégicamente apropiado. Somos escépticos de los que aseguran que hablan con la voz de los inmigrantes, y de socialistas que adoptan una postura servil a las ONGs dado a una fe ciega en la “autoorganización de los oprimidos”.

Los  migrantes necesitan estar al frente de su propia batalla, pero las huelgas y marchas de Febrero 16, 2017 fueron un recuerdo que sus capacidades para pelear pueden ser más que las de los centros de trabajo o sindicatos. Hay que parar de pretender que no existen divisiones económicas y debates estratégicos en una “comunidad” de docenas de millones de personas de diversos orígenes. Y hay que apreciar que inmigrantes–como los negros y otros grupos oprimidos–también toman parte en la guerra de clases contra el jefe, el dueño, y todas otras formas de explotación. Nuestra resolución exige que los socialistas apoyen estos esfuerzos.

Considera la experiencia de un miembro de CU organizando su sindicato de inquilinos que fue acercado por un inmigrante no documentado que vino de México con su familia hace 5 años y probablemente no ganaría mucho del “camino a la ciudadanía” propuesto por los demócratas en el Senado. El inquilino entendía bien que la violencia que escapó de su propio país tiene sus raíces en esfuerzos estadounidenses para suprimir movimientos izquierdistas en México y hacerlo salvo para la expansión del capital transnacional. Estaba listo para crear una campaña contra el dueño por rentar ilegalmente una unidad colindante a la suya en AirBnB durante la pandemia, causando ruidos que despertaban a su niño, y presentando peligros sanitarios.

El plan colapsó cuando el dueño lo amenazó con llamadas a ICE para que lo deportaran, y pedidas que la pandilla local lo matara. La policía no estaba interesada, los abogados pro bono que querían ayudar no pudieron hacer nada, y el grupo de derechos de migrantes local no dio asistencia. Estas historias son comunes en los EE UU, pero los que consideran a los inmigrantes o los Latinos hispanohablantes como un grupo homogéneo con los mismos intereses estarán sorprendidos a aprender que el dueño también es un inmigrante latino. El inquilino ha sido posteriormente elegido como un líder en su sindicato, dando solidaridad muy necesaria, y está considerando opciones para llevar este caso al público y por ofrecer otros tipos de ayuda material.

Esta anécdota demuestra por qué la amnistía universal es tan importante para los obreros, y desafía el mito que inmigrantes nada más pelean por derechos para inmigrantes, en su definición reducida. Es este episodio–y los años de experiencia que muchos miembros de CU han tenido en organizar lugares de trabajo, departamentos, y vecindarios con grandes poblaciones inmigrantes–que al final nos llevó a escribir nuestra resolución. Aunque no hubo tiempo para debatir durante la convención, sabemos que mucha gente comparte nuestra visión y seguiremos luchando por ella.